El jueves 7 se realizó la Audiencia Pública – “Plan de reforma del Transporte Público de Pasajeros” en la Cámara de diputados organizada por el despacho del Diputado Raúl Benítez. Participo exponiendo dicho “Plan de Reforma” el Viceministro Emiliano Fernández junto a su equipo técnico, luego se abrió la ronda de preguntas en donde todos los presentes de manera ordenada pudieron dar sus puntos de vista y preocupaciones.
Reforma del transporte en Paraguay: un plan moderno con un talón de Aquiles financiero
El Gobierno paraguayo ha presentado un ambicioso proyecto para modernizar el transporte público metropolitano. Sobre el papel, la propuesta parece una receta para rescatar un sistema que ha perdido el 65% de su demanda en dos décadas: licitaciones regulares, contratos modulares, buses eléctricos, planificación metropolitana y hasta un Consejo Asesor para discutir tarifas.
Sin embargo, el corazón del plan (su financiamiento) es también su mayor debilidad. La pieza clave será un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, alimentado con recargas del billetaje electrónico, subsidios estatales, multas y otros aportes. Desde allí se pagará a los operadores por kilómetros recorridos, flota disponible o indicadores de desempeño.
En teoría, esto dará transparencia y previsibilidad. En la práctica, abre la puerta a dos riesgos conocidos en la historia paraguaya: dependencia crónica de subsidios y opacidad en la gestión de fondos públicos. No es difícil imaginar cómo, en un contexto de crisis fiscal o presión política, las transferencias al fideicomiso se retrasen o se ajusten, afectando directamente la operación del servicio.
La experiencia enseña que los fideicomisos, sin un control ciudadano robusto y auditorías independientes, pueden convertirse en cajas negras. En este caso, además, se centraliza en una sola estructura la entrada y salida de dinero del sistema, lo que amplifica el impacto de cualquier manejo ineficiente o irregular.
Comparado con la reforma de fines de los 90 (que fracasó, entre otras cosas, por ceder demasiado poder a los operadores sin un control real), el nuevo proyecto no resuelve del todo el dilema: el Estado vuelve a comprometerse a financiar gran parte del servicio sin garantizar mecanismos efectivos para blindar esos recursos del uso político o corporativo.
En definitiva, más allá del brillo tecnológico y las buenas intenciones, la viabilidad de esta reforma no dependerá de la modernidad de sus buses, sino de la solidez de su caja. Y si la caja se tambalea, el sistema entero corre el riesgo de repetir la historia: leyes ambiciosas que se marchitan por falta de combustible… financiero.
